PONENCIA 5, Ruta hacia la Asamblea Nacional Constituyente

Ruta hacia la Asamblea Nacional Constituyente

(10 de octubre de 2010) 

     La primera vez que en la historia reciente de México, una fuerza política de la izquierda puso en el orden del día de la lucha de clases la necesidad de un nuevo constituyente y una nueva constitución fue el EZLN, durante la Convención Nacional Democrática de agosto de 1994, poco tiempo después de encabezar la insurrección armada de los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas.  A partir de entonces, la mayoría de los movimientos políticos de masas democráticos y anti neoliberales desarrollados en nuestro país, como la Promotora por la Unidad Nacional en Contra del Neoliberalismo y el Diálogo Nacional, se han venido planteando en sus programas y sus proyectos de nación la necesidad de un nuevo constituyente y de una nueva Constitución.

     La “Declaración de Querétaro” emanada del Segundo Diálogo Nacional el 5 de febrero de 2005, plantea “recuperar el espíritu de la Constitución de 1917…ante las reformas neoliberales a la Carta Magna impuestas en los últimos años,…aquellas que modificaron el régimen de propiedad de la tierra y el ejido, así como aquellas relativas a la responsabilidad del Estado en materia de educación superior, o la aprobación de leyes secundarias que han amparado la privatización en la generación de energía eléctrica…” y asume la necesidad de luchar por ”el cambio de régimen y la integración de una nueva institucionalidad democrática…reclamando la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente en el que estén representados todos los sectores sociales y de manera particular los trabajadores”.

     Desde que surgió México como nación independiente hace 200 años hasta nuestros días, se han promulgado 6 constituciones políticas por sus respectivas asambleas constituyentes: 1824, 1836, 1843, 1847, 1857 y 1917.   En febrero de 1822, se instaló el primer Congreso Constituyente Mexicano, integrado por 102 diputados, y en febrero de 1824 se firmó la primera Constitución del México independiente. Todas estas constituciones fueron resultado de fuertes confrontaciones entre las clases que se disputaban el poder político y económico del país y representaron, de una u otra manera, el fin de una etapa de la historia de México y el inicio de otra nueva, por lo que no todas ellas representaron un avance del proceso revolucionario de nuestro país, tal como sucedió con la Constitución de 1836, a partir de la cual los conservadores lograron imponer un sistema político centralista en contraposición al proyecto de un sistema político federado.

     Hoy, México se encuentra una vez más en una nueva encrucijada y requiere, tal como lo planteó el EZLN hace 16 años y el Diálogo Nacional hace 5, un nuevo constituyente y una nueva Constitución para: “recuperar y restablecer la soberanía de la nación, devolviendo al pueblo la autoridad suprema para decidir el destino de la patria, restituyendo a la nación la propiedad exclusiva sobre el territorio, los recursos naturales y las fuentes energéticas y cancelando todos los tratados comerciales y militares que lesionen los intereses del país”; para “romper con el modelo neoliberal, sustituyéndolo por un nuevo modelo económico para el desarrollo del país, orientado a terminar con la pobreza, a recuperar y preservar los derechos sociales y de los trabajadores, a la creación de empleos, a generar el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza bajo la conducción y la rectoría económica del Estado”; para “recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y al cooperativismo social, garantizando la asistencia técnica y los recursos financieros para la producción”; para “renegociar, y en su caso cancelar el pago de la deuda externa, así como el pago de la deuda generada por el rescate bancario y carretero”; para “establecer una democracia integral basada en la implementación de diversos mecanismos de participación directa del pueblo…como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta, la contraloría social y la revocación de mandato”; para establecer “una reforma integral al sistema judicial…que contemple la elección popular de jueces y magistrados”; para “la defensa de los derechos de los pueblos indios plasmados en los acuerdos de San Andrés”; para “ladefensa de la educación pública y el patrimonio cultural, asegurando que se destine al menos el 8% del PIB a educación y el 1% del PIB a ciencia y tecnología, garantizando…la educación gratuita en todos los niveles”; para “la defensa de los derechos laborales” y asegurar “las condiciones para el ejercicio de la democracia en los sindicatos y el fin del corporativismo y el control estatal”; para “la libertad de todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la desmilitarización del país”; para “garantizar la plena equidad en derechos y oportunidades para las mujeres”. (Nota: los párrafos en cursiva son citas textuales de “La Declaración de Querétaro”)

     En síntesis: nos proponemos impulsar una Asamblea Constituyente para materializar todas estas medidas contenidas en el Programa Mínimo no Negociable del Diálogo Nacional, así como otras más. Las organizaciones del MORA que suscribimos la presente ponencia, proponemos que en el proyecto de nación del Diálogo Nacional y del Congreso Social, se incorporen algunos puntos de nuestro programa, como “defensa de la propiedad social de la tierra (ejidal y comunal)”; “liquidación del latifundismo y por un nuevo reparto agrario a favor de los campesinos sin tierra”; “mayor presupuesto para la inversión productiva de pequeños y medianos productores del campo”; “precios de garantía para los productores del campo”; “desarrollo de la ciencia y la tecnología como prioridad nacional para su aplicación en el campo”; “derogación de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional”; “defensa de los recursos naturales (tierra, agua, aire, flora, fauna y minerales”; “no a los alimentos transgénicos”; “respeto de los derechos humanos y laboralesde nuestros connacionales en Estados Unidos”; así como impulso de la industrialización en el campo y derogación de las reglas de operación de las instituciones federales que únicamente sirven de candado para negarles recursos federales a los campesinos pobres.

     Por todo ello, una condición para realizar una Asamblea Constituyente que tenga un carácter democrático y revolucionario a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo y no de la oligarquía, implica necesariamente que tengamos una correlación de fuerzas a favor de las fuerzas democráticas, patrióticas y revolucionarias, correlación de fuerzas que actualmente no tenemos, por lo que requerimos plantearnos una táctica que nos permita modificar la correlación de fuerzas a nuestro favor.

     Consideramos que esta posibilidad se puede dar a corto plazo, siempre y cuando el movimiento social, conjuntamente con los partidos electorales de izquierda y el movimiento cívico encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pactemos una alianza y participemos conjuntamente en las elecciones del 2012, con el objetivo de ganar el gobierno federal y todos los puestos posibles de elección popular que van a estar en juego el 1 de julio de 2012, para de esta manera desplazar al bloque neoliberal del poder, todo ello con base en un programa y un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo mutuamente acordado entre las partes: movimiento social, partidos electorales y movimiento de AMLO, pero también a partir de seguir combinando diversas formas de lucha, como los paros cívicos, la huelga general y la lucha política electoral de masas.

     Por todo ello, la ruta que proponemos para avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente es la siguiente:

1. Formar una Central Unitaria de Trabajadores del Campo y la Ciudad o un Frente Nacional de Masas, que unifique y aglutine a todas las organizaciones sindicales, campesinas y sociales democráticas y revolucionarias del país, tal como lo resolvió el Séptimo y Octavo Diálogos Nacionales, que además de impulsar un plan de acción único para el 2011, por las reivindicaciones económicas y políticas principales de los trabajadores y del pueblo, participe en el proceso electoral de 2012 en alianza con los partidos electorales de la izquierda anti neoliberal y con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo la Economía Popular y la Soberanía Nacional encabezado por AMLO. Naturalmente, esta Central Unitaria de Trabajadores del Campo y la Ciudad debe formarse no sólo para la participación electoral, sino fundamentalmente para establecer un nuevo régimen democrático popular en México que siente las bases para avanzar hacia el socialismo.
2. Crear un Frente Electoral de todo el Pueblo para la participación electoral en 2012, en torno de un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo que postule candidatos únicos a todos los puestos de elección popular que van a estar en juego el 1 de julio de 2012: Presidencia de la República, senadores, diputados federales y locales, gobernadores, delegados y presidencias municipales.
3. En el programa y en el proyecto de nación que suscribamos las fuerzas sociales, civiles y partidarias para las elecciones del 2012, debe establecerse claramente el compromiso de impulsar y convocar, se gane o se pierda, una Asamblea Nacional Constituyente que restablezca “la soberanía de la nación y devuelva al pueblo la autoridad para decidir el destino de la patria”

Movimiento Rural Antineoliberal y Anticapitalista

del Diálogo Nacional (MORA)